Día de publicación: 2023-06-07
Por: Redaccion
El 7 de junio debe ser un día de celebración, donde más allá del discurso y las palabras, realmente seamos testigos de que la Libertad de Expresión merece un respeto irrestricto por parte de los gobernantes, sean de cualquier color o provengan de cualquier partido político.
Porque la Libertad de Expresión no es una graciosa concesión que se le hace a periodistas o comunicadores, se trata de una virtud social que favorece a los ciudadanos y les garantiza información de calidad, les ofrece distintas ópticas editoriales para enterarse de los acontecimientos y con ello les abre un abanico de opciones para elegir lo que más se adecúa a sus ideas.
Pero la Libertad de Expresión, como un derecho inalienable de todas las sociedades está amenazada: por intereses políticos, por la obsesión del poder; por la incapacidad e inmadurez de algunos gobernantes que no aceptan los cuestionamientos o las críticas; por grupos de poder que se sobreponen a las autoridades democráticas y por un discurso de odio polarizador que posiciona a quienes critican a los gobiernos en turno en el bando de los traidores a la patria, cuando lo único que hacen es exponer lo que con pruebas se demuestra está mal.
México es el país más inseguro del mundo para ejercer el periodismo; esto nos ubica ante autoridades que en el discurso se dicen protectoras y respetuosas de la Libertad de Expresión, pero que en la realidad buscan la manera, así sea la más vil, para acallar a quienes les resultan incómodos.
Vivimos en medio de la violencia generalizada y los periodistas no estamos exentos de la misma; pero nuestro trabajo nos obliga a estar en el frente de batalla, a reportear información que nos hace vulnerables y blanco de diversos grupos criminales; pero igual estamos ante gobiernos que son omisos en sus obligaciones de garantizar los ataques a la Libertad de Expresión.
Los periodistas no tenemos más herramientas para defendernos que nuestros espacios informativos; seguir presionando y cuestionando a esas autoridades que se niegan a ser trasparentes, demostrarles la corrupción que impera en sus gobiernos, dejar constancia del abuso de poder, mostrarles lo que son y descubrir sus mentiras, sus fraudes, los ofrecimientos incumplidos y los contubernios que se dan entre el poder político y los grupos criminales.
En Sonora, como en el resto del país, la situación para los periodistas no es la mejor. Acá encontramos también gobiernos municipales y funcionarios estatales, que se aprovechan de su poder, que amenazan, acosan judicialmente, instigan al odio y apelan a la censura legal como método para silenciar a sus críticos.
En Sonora también se mata periodistas, también se les envían mensajes intimidatorios, también se les censura y excluye; en nuestra tierra también existen los discursos de respeto, pero que en realidad esconden un ataque sistemático, un intento por debilitar empresas, por callar voces, por lograr controlar los medios y sus opiniones.
Allí es cuando las mentiras acaban por corroer toda posibilidad de conversación. Y sin conversación no hay diálogo, sin diálogo no hay consensos y sin ellos, sociedad.
En nuestra realidad, donde las redes sociales se han convertido en una tumultuaria conversación donde no existe moderador y por tanto es fácil desinformar; los nuevos comunicadores del oficialismo pretenden establecer que la medida para validar a un reportero o periodista son la cantidad de “likes” que recibe, cuando lo que debería imperar es si habla con verdad, tiene credibilidad o los datos que sustentan su información son verificables y confiables.
Las redes sociales, también son una nueva herramienta para atacar y desprestigiar, con el dinero público se crean granjas de cuentas falsas, a través de ellas se distribuyen mentiras, se fustiga al mensajero sin desmentir al mensaje, se organizan campañas negras para desprestigiar.
Esto que aquí se escribe no son meras palabras o conceptos, son producto de una realidad que vivimos a diario los periodistas de México y Sonora. Por ello es necesario que ante tanta desigualdad empecemos a considerar la idea de igualarnos en la ley, de que si a los periodistas se les aplican leyes draconianas y lesivas, también desnudemos a los censores, se les castigue y no se les permita participar en la función pública.
Muchos de esos funcionarios y funcionarias que ahora se aprovechan de sus cargos para perseguir periodistas, lo pensarían dos veces; a quienes les gusta la aplicación de la ley, cuando se aplica en deterioro de sus criticos, también les pondría un freno. Vamos igualando el piso y que el ejercicio del periodismo y la Libertad de Expresión tengan garantías legales, porque las palabras ya vimos que no bastan, son insuficientes y en no pocas ocasiones surgen de actitudes de hipocresía.
Porque la Libertad de Expresión no es una graciosa concesión que se le hace a periodistas o comunicadores, se trata de una virtud social que favorece a los ciudadanos y les garantiza información de calidad, les ofrece distintas ópticas editoriales para enterarse de los acontecimientos y con ello les abre un abanico de opciones para elegir lo que más se adecúa a sus ideas.
Pero la Libertad de Expresión, como un derecho inalienable de todas las sociedades está amenazada: por intereses políticos, por la obsesión del poder; por la incapacidad e inmadurez de algunos gobernantes que no aceptan los cuestionamientos o las críticas; por grupos de poder que se sobreponen a las autoridades democráticas y por un discurso de odio polarizador que posiciona a quienes critican a los gobiernos en turno en el bando de los traidores a la patria, cuando lo único que hacen es exponer lo que con pruebas se demuestra está mal.
México es el país más inseguro del mundo para ejercer el periodismo; esto nos ubica ante autoridades que en el discurso se dicen protectoras y respetuosas de la Libertad de Expresión, pero que en la realidad buscan la manera, así sea la más vil, para acallar a quienes les resultan incómodos.
Vivimos en medio de la violencia generalizada y los periodistas no estamos exentos de la misma; pero nuestro trabajo nos obliga a estar en el frente de batalla, a reportear información que nos hace vulnerables y blanco de diversos grupos criminales; pero igual estamos ante gobiernos que son omisos en sus obligaciones de garantizar los ataques a la Libertad de Expresión.
Los periodistas no tenemos más herramientas para defendernos que nuestros espacios informativos; seguir presionando y cuestionando a esas autoridades que se niegan a ser trasparentes, demostrarles la corrupción que impera en sus gobiernos, dejar constancia del abuso de poder, mostrarles lo que son y descubrir sus mentiras, sus fraudes, los ofrecimientos incumplidos y los contubernios que se dan entre el poder político y los grupos criminales.
En Sonora, como en el resto del país, la situación para los periodistas no es la mejor. Acá encontramos también gobiernos municipales y funcionarios estatales, que se aprovechan de su poder, que amenazan, acosan judicialmente, instigan al odio y apelan a la censura legal como método para silenciar a sus críticos.
En Sonora también se mata periodistas, también se les envían mensajes intimidatorios, también se les censura y excluye; en nuestra tierra también existen los discursos de respeto, pero que en realidad esconden un ataque sistemático, un intento por debilitar empresas, por callar voces, por lograr controlar los medios y sus opiniones.
Allí es cuando las mentiras acaban por corroer toda posibilidad de conversación. Y sin conversación no hay diálogo, sin diálogo no hay consensos y sin ellos, sociedad.
En nuestra realidad, donde las redes sociales se han convertido en una tumultuaria conversación donde no existe moderador y por tanto es fácil desinformar; los nuevos comunicadores del oficialismo pretenden establecer que la medida para validar a un reportero o periodista son la cantidad de “likes” que recibe, cuando lo que debería imperar es si habla con verdad, tiene credibilidad o los datos que sustentan su información son verificables y confiables.
Las redes sociales, también son una nueva herramienta para atacar y desprestigiar, con el dinero público se crean granjas de cuentas falsas, a través de ellas se distribuyen mentiras, se fustiga al mensajero sin desmentir al mensaje, se organizan campañas negras para desprestigiar.
Esto que aquí se escribe no son meras palabras o conceptos, son producto de una realidad que vivimos a diario los periodistas de México y Sonora. Por ello es necesario que ante tanta desigualdad empecemos a considerar la idea de igualarnos en la ley, de que si a los periodistas se les aplican leyes draconianas y lesivas, también desnudemos a los censores, se les castigue y no se les permita participar en la función pública.
Muchos de esos funcionarios y funcionarias que ahora se aprovechan de sus cargos para perseguir periodistas, lo pensarían dos veces; a quienes les gusta la aplicación de la ley, cuando se aplica en deterioro de sus criticos, también les pondría un freno. Vamos igualando el piso y que el ejercicio del periodismo y la Libertad de Expresión tengan garantías legales, porque las palabras ya vimos que no bastan, son insuficientes y en no pocas ocasiones surgen de actitudes de hipocresía.
Foto/Internet
